Los indocumentados dominicanos tendrán actas y cédulas, según acuerdo de la Procuraduría y JCE

Los dominicanos que no tienen actas de nacimiento y como consecuencia de eso tampoco tienen cédulas, serán dotados de esos documentos, conforme a un acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la Republica y la Junta Central Electoral (JCE).

La falta de documentos, especialmente las actas de nacimiento, ha impedido que miles de niños de diferentes zonas del país puedan asistir a la escuela, mientras los adultos sin actas y sin cédula no pueden realizar ninguna actividad legal, incluido el empleo.

Esos adultos tampoco pueden ejercer el derecho al voto, ni cumplir con el precepto constitucional que establece que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido.

La iniciativa tiene el propósito de erradicar la situación de subregistro que afecta a 600,000 dominicanos.

La entidad rectora del Ministerio Público recibirá de la JCE información contenida en el archivo maestro de cedulados, el cual posteriormente recibirá cada tres meses en formato electrónico con las novedades que se produzcan.

Esos trabajos serán realizados en cumplimento de sendos acuerdos de colaboración interinstitucional firmados por los representantes de ambas instituciones, para la agilización de los tramites de declaraciones tardías de nacimiento y de cooperación tecnológica, respectivamente.

Los convenios fueron rubricados por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, y el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio Cesar Castaños Guzmán.

En lo referente a las actas de nacimiento, el convenio establece que la JCE contratará el personal y los recursos que fueren necesarios para la captación de las informaciones y documentos idóneos que contribuyan con el fortalecimiento de la constatación del hecho vital del nacimiento, que de conformidad con el artículo 41 de la Ley 659 debe realizar el procurador fiscal correspondiente.

Asimismo, las instituciones acordaron que una vez sustanciados estos expedientes, la JCE los remitirá sin demora a la procuraduría fiscal correspondiente para que de conformidad con la citada ley y artículo, este funcionario realice las diligencias necesarias y apoderar en el más breve plazo al tribunal civil competente a los fines de obtener la sentencia que corresponda.

La Procuraduría General de la Republica, si lo considera necesario, podrá crear los departamentos especializados que considere de lugar en las demarcaciones de mayor concentración de habitantes y notificar a la JCE de las medidas que adopte al respecto.

De su lado, el tribunal electoral se comprometió a garantizar que los servicios a cargo de las oficialías del Estado Civil estén exentos de pago alguno de parte de los beneficiarios de las declaraciones tardías y si fuere preciso asumirá todos los gastos de trámites que sean necesarios en el proceso.

Mientras que a través del acuerdo de cooperación técnica, la JCE se comprometió a asignarle a la procuraduría una llave de seguridad USB para que pueda acceder a una copia del archivo maestro de cedulados vía página WEB, a través de una aplicación creada para estos fines y con el objetivo de consultar on-line cualquier registro de la base de datos, que será instalada por el tribunal electoral en el lugar que indique la Procuraduría.

La Procuraduría General de la República pagará a la JCE 200 mil pesos anuales por la información contenida en el referido archivo y por la su actualización trimestral.