Las tareas país del día después
Sin importar el resultado de las elecciones del próximo domingo, una cosa es clara: esta es la última oportunidad de los partidos tradicionales de encauzar el país por el sendero del desarrollo, antes de que se haga realidad la predicción de quienes siempre han sostenido la inviabilidad del Estado dominicano.
Y no es que los principales partidos vayan a salir debilitados del proceso electoral. En efecto, somos de los pocos países de América en donde dos partidos, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) concentran más del 90% del apoyo del cuerpo electoral, en un claro sistema bipartidista muy lejano del temido sistema de partido único o hegemónico.
Pero, como bien ha advertido hace mucho tiempo José Cabrera, el porcentaje de los desencantados y de los que no son simpatizantes del PRD ni del PLD crece paulatina pero progresivamente, pudiéndose hablar de que existe un “tercer partido”, un partido si se quiere de la mayoría silente, que solo espera ser debidamente convocado, ojalá que no por el liderazgo populista de viejo o nuevo cuño a que se nos tiene acostumbrados en nuestra América.
Ese tercer partido no pudo ser movilizado por los partidos alternativos en estas elecciones debido a las distorsiones de un sistema electoral que fomenta el bipartidismo y de quienes desde la sociedad civil impiden el debate de las ideas de los partidos minoritarios, pero, sobre todo y fundamentalmente, porque el discurso de dichos partidos, más que constituir una alternativa al menú político tradicional, en realidad constituye una opción autoritaria desde la óptica del liberalismo –por eso, su apoyo a la política populista penal de la mano dura-, conservadora desde la perspectiva de los derechos sociales de los más pobres y vulnerables y personalista pues dichos partidos minoritarios encarnan una visión personalista y moralizante que parte del mito de que basta cambiar a gobernantes supuestamente malos por unos buenos por conocer para que todos los problemas del país queden resueltos.
Ahora bien, el caldo de cultivo de una tercera opción está listo y servido. Si el PRD y el PLD no asumen seriamente la necesidad de consensuar una serie de tareas básicas, tarde o temprano, un país hastiado de la política tradicional, del clientelismo, de la exclusión social y de la corrupción, se enrumbará por el único camino conocido: la alternatividad realmente existente del neopopulismo.
¿Cuáles son las tareas país básicas que deben ser asumidas en un espíritu de compromiso leal bipartidista a partir del próximo 16 de agosto? Primero, se requiere un pacto económico, que concilie la estabilidad macro-económica con la productividad, la creación de empleo, el aumento de las exportaciones, el fomento del turismo y la agroindustria y la mejora de la competitividad. Segundo, necesitamos un pacto fiscal que permita aumentar la presión tributaria, promover el ahorro, la productividad y el empleo, ampliar la base tributaria, disminuir las tasas, y simplificar los impuestos.
Tercero, necesitamos un pacto financiero que destrabe el crédito, canalice los fondos de pensiones hacia los sectores productivos, disminuya los costos regulatorios y democratice el capital de las empresas. Cuarto, se requiere un pacto social para hacer más eficientes y menos clientelistas las prestaciones sociales y para darle sostenibilidad a la reforma más exitosa de los últimos tiempos –fruto del consenso bipartidista-: la seguridad social. Quinto, es impostergable un pacto por la educación no solo para mejorarla y ampliarla a toda la población, sino también para articularla con las necesidades de los sectores productivos nacionales. Sexto, urge un pacto por la seguridad ciudadana, articulado alrededor de la reforma policial.
Séptimo, es necesario un pacto por la sostenibilidad ambiental, cuyos ejes fundamentales deben ser el reciclaje de la basura, la protección del agua como recurso estratégico y la construcción del alcantarillado sanitario a nivel nacional. Y, “last but not least”, se requiere un pacto político-institucional para la aprobación de las leyes de partidos y de garantías electorales y la concesión de los recursos presupuestarios necesarios para que el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral puedan cumplir a cabalidad su misión como ejes fundamentales del poder jurisdiccional que es la base del Estado de Derecho.
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